Protesta en Alemania en el marco de la cumbre de los países del G-8
( La Jornada 7 de junio 2007)
La Reforma del ISSSTE en el contexto de las reformas neoliberales del gobierno Calderonista
Hector M. Barrera
La reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) aprobada por las fuerzas de la derecha a fines del mes de marzo de 2007, responde de manera puntual a las exigencias de los organismos internacionales que controlan el mundo y se inscriben en la lógica del modelo económico neoliberal impuesto en México desde principios de la década de los 80’s.
En las últimas dos décadas del siglo pasado, en casi todo el mundo occidental, los sistemas de seguridad social entraron en crisis. América Latina no fue la excepción. Los modelos de seguridad social, sustentados en una fuerte participación de los estados, entraron en crisis en gran medida a consecuencia de las políticas que desde el Consenso de Washington se vienen impulsando en los llamados países en vías de desarrollo o atrasados.
La desregulación de las economías de los llamados estados de bienestar, trajo como consecuencia el paulatino desmantelamiento de todo el andamiaje que aseguraba una mediana atención a las políticas sociales en detrimento de millones de personas y para favorecer a las oligarquías nacionales y extranjeras enceguecidas en su voracidad por obtener la máxima ganancia, sin importar el deterioro acelerado del tejido social de esos países.
De unos regímenes pensionarios basados en el financiamiento público mayoritario y administrados por instituciones gubernamentales, se pasó a otros sustentados en el ahorro individual de los propios trabajadores, administrados ahora por instituciones privadas, controladas por los bancos y con una reglamentación ad hoc diseñada desde los propios aparatos estatales para garantizar un mediano equilibrio en la competencia entre las propias administradoras de fondos.
El modelo de reformas aplicadas en México, tanto al IMSS como al ISSSTE, se inspiran en las reformas aplicadas en Chile hace cerca de 30 años. En aquel País, bajo la dictadura militar de Pinochet, se impuso relativamente fácil un modelo de seguridad social determinado por un régimen pensionario basado en la apertura de cuentas individuales controladas por Administradotas de Fondos de Pensión. Algo similar ocurrió en otros países del sur del continente.
En el caso del ISSSTE, con un modelo de seguridad social creado en 1959; los desequilibrios propiciados por la aplicación de las políticas neoliberales desde inicios de los 80’s, empezaron a mostrar los primeros signos hacia 1989 cuando los ingresos propios del Instituto (producto de las aportaciones de los trabajadores y de las dependencias gubernamentales), presentaron déficits particularmente en dos de sus fondos más importantes: el de atención a la salud y el de pensiones.
El déficit observado en estos fondos tuvo que ser cubierto, según lo señalaba la Ley del ISSSTE de 1983,[1] con recursos fiscales.
Desde el gobierno se señalaba en 2001[2], que las causas del desequilibrio en las finanzas del ISSSTE, se debían principalmente a factores de tipo demográfico y de tipo epidemiológico, lo que habría propiciado un mayor crecimiento en el número de trabajadores jubilados y pensionados sobre el casi estático crecimiento de trabajadores en activo o nuevos trabajadores cotizantes.
En el caso de la que llamaron transición demográfica, argumentaron que la esperanza de vida se había incrementado entre los años de 1965 a 2000, al pasar de 65 a 75 años, lo que repercutía de manera directa en las finanzas del Instituto al incrementarse en consecuencia los años de disfrute de la pensión de los trabajadores retirados. Además, señalaban que las prestaciones del ISSSTE se incrementaron de manera importante en esos años, con lo cual, también se incrementó el gasto del mismo, sin que ello se viera acompañado de un crecimiento ni de las cuotas ni del número de trabajadores cotizantes.
En relación con la llamada transición epidemiológica, el informe señalaba que el tipo de enfermedades que padecían los trabajadores hacia 1965 eran de las que terminaban de manera fulminante con la vida de los enfermos mientras que las actuales eran enfermedades crónico-degenerativas, lo que implica mayores recursos para su atención.
El informe de actividades de 2001 señala que las cuotas aportadas por los trabajadores en diciembre de ese año ascendieron a 17 719.9 millones de pesos, mientras que los egresos por concepto de servicios médicos fueron del orden de los 14 074.5 millones de pesos y por concepto de pensiones en curso se erogaron 20 425.5 millones de pesos, lo que en conjunto suman 34 500.0 millones de pesos, cantidad que arroja un déficit de 16 780.1 millones de pesos.
Evolución del déficit primario
Enero-Diciembre de 2006
(Millones de pesos)
| Concepto | Programado | Enero-Dic (Ejercido) | Variación |
| Ingresos propios | 53 674.2 | 53 288.6 | (0.7) |
| Total del gasto | 81 001.0 | 79 288.1 | (2.1) |
| Déficit | (27 326.8) | 39 151.6 | (0.8) |
| Transferencias del Gob. Fed. | 39 463.6 | 13 152.1 | 8.4 |
Fuente: Ejercicio Presupuestario del ISSSTE 2006
El informe del gobierno omite las causas estructurales de fondo de la crisis del ISSSTE. Desde que el gobierno empezó a poner en práctica las políticas dictadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, la situación de las instituciones de carácter social empezaron a sufrir las consecuencias de dichas medidas.
A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, se empezaron a aplicar medidas de contención salarial y de empleo público. Por un lado, al irse recortando el número de trabajadores al servicio del Estado, se recortaban en la misma proporción las aportaciones al ISSSTE. Siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, el gobierno impulso diversos mecanismos para disminuir la nómina pública: fusionar dependencias, retiro voluntario, congelamiento de plazas, etc.
En consecuencia, la población cotizante al ISSSTE, disminuyó en términos relativos, con lo cual disminuyó también el fondo de capitalización.
Población afiliada al ISSSTE, según tipo de derechohabiencia
1991- 2006ª/
(Miles)
| Año | Población derechohabiente | ISSSTE | ISSSTE b/ | Familiares de asegurados | Jubilados |
| | Total | | | ISSSTE | |
| 1991 | 47,459 | 8,507 | 2,019 | 6,079 | 105 |
| 1993 | 45,656 | 8,919 | 2,107 | 6,347 | 122 |
| 1995 | 43,570 | 9,246 | 2,180 | 6,541 | 136 |
| 1997 | 48,935 | 9,472 | 2,221 | 6,659 | 155 |
| 1999 | 54,454 | 9,897 | 2,304 | 6,910 | 179 |
| 2001 | 56,109 | 10,237 | 2,369 | 7,102 | 202 |
| 2002 | 56,508 | 10,309 | 2,373 | 7,114 | 221 |
| 2003 | 52,203 | 10,352 | 2,367 | 7,099 | 243 |
| 2004 | 53,456 | 10,463 | 2,379 | 7,134 | 266 |
| 2005 | 55,569 | 10,608 | 2,398 | 7,191 | 290 |
| 2006 d/ | 58,302 | 10,766 | 2,420 | 7,256 | 310 |
| a/ | Excluye a los jubilados. | ||||
| b/ | Se refiere a servidores públicos afiliados. | ||||
| d/ | Cifras estimadas al mes de diciembre. | ||||
| FUENTE: | PR. Sexto Informe de Gobierno, 2006. Anexo Estadístico. México, D.F., 2006 | ||||
Por otro lado, las políticas de contención salarial que se tradujeron entonces en la aplicación de los llamados topes salariales, fueron debilitando el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, situación que también repercutió de manera directa en el fondo de capitalización del Instituto. A esto hay que agregar el impacto inflacionario sobre las adquisiciones del propio instituto.
La OIT señalo en 2002 que en los 25 años anteriores, el poder adquisitivo de lo trabajadores en México disminuyó en un 73%.
Pero las causas de fondo en la reforma del ISSSTE hay que buscarlas en las recomendaciones que el Banco Mundial hizo al gobierno de Vicente Fox y que Calderón asume sin demora.
En efecto, en noviembre de 2000, Marcelo Giugale, economista en jefe del Banco Mundial, entregó a Fox el documento donde se señalan las principales reformas que el gobierno tenía que impulsar en los años siguientes. Respecto a la seguridad social, se menciona que “La combinación de una reforma tributaria integral, fondos de estabilización adecuadamente diseñados y la estabilización de los ingresos del petróleo con su aplicación a la reducción de la deuda ayudará a abordar directamente la tercera fuente principal de sostenibilidad fiscal: el manejo de los pasivos del sector público. La deuda explícita (esto es, reconocida legalmente) del gobierno federal de México es baja (cerca del 25 por ciento del PIB). Incluso agregando la deuda implícita (esto es, la deuda a la cual el gobierno está sujeto de hecho, aunque todavía no legalmente, como por ejemplo la deuda del IPAB [Instituto de Protección al Ahorro Bancario] y FARAC [Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas]), la carga total de la deuda “realizada” no es alta según los estándares internacionales (cerca del 46 por ciento del PIB, lo que está por bajo del promedio de la OCDE). Sin embargo, México enfrenta una serie de pasivos públicos contingentes que, si se descuidan, pueden trastornar su posición fiscal. Existen tres pasivos que son de especial preocupación: el desequilibrio actuarial del ISSSTE (el sistema federal público de pensiones), las operaciones financieramente no sostenibles de INFONAVIT y FOVISSSTE (los fondos públicos para la vivienda de los trabajadores del sector privado y público, respectivamente) y la viabilidad de los 31 sistemas de pensión a nivel de estado (que hace poco fueron descentralizados por la federación)”.[3]
“Además de fortalecer la industria bancaria, otra área decisiva del sector financiero es la reforma del sistema público de pensiones (ISSSTE) y sus vínculos con el fondo público de la vivienda (INFONAVIT). Le corresponderá a este sexenio presidencial proporcionar una fuente más confiable de ahorros a largo plazo a los empleados federales, que permita la conversión de su plan de pensiones actual al mismo esquema de aportes definidos, capitalizado y administrado en forma privada usado por los trabajadores del sector privado. Esto generará un costo fiscal adicional (puede ser de hasta un 1 por ciento del PIB por dos décadas). Vale la pena pagar este costo, puesto que puede ser compensado con creces por el efecto del nuevo sistema en el desarrollo de mercados financieros a más largo plazo y, en definitiva, en la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía.”[4]
Para el Banco Mundial, era indispensable que el gobierno mexicano instrumentara reformas que permitieran terminar con los pasivos contingentes y fortalecieran el sector financiero. Según su opinión, los acreedores extranjeros estaban fijando el precio de sus créditos tomando en cuenta el riesgo que México enfrentaba a causa de esos pasivos. Sin embargo, el costo fiscal de la reforma del sistema de pensiones, como lo señala anteriormente el propio Banco Mundial, será equivalente adicionalmente a 1 punto porcentual del PIB por dos décadas, es decir, solo en 2007, el costo fiscal de la reforma será superior a los 85 mil millones de pesos y se incrementará conforme se incremente el PIB cada año hasta el 2037.[5]
Señalaba la propuesta de reforma del ISSSTE que en 2005 estaba preparando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el costo fiscal de la reforma sería del orden de 1.6 billones de pesos; es posible que, según las estimaciones del Banco Mundial, sea superior a esta cantidad. Lo veremos.
Queda muy claro que las recomendaciones del Banco Mundial y los propios objetivos del gobierno mexicano se orientan más a conseguir la sostenibilidad fiscal de las finanzas mexicanas que a resolver la problemática de la seguridad social. Desde luego que la estabilidad económica de nuestro País, resulta indispensable para los organismos internacionales a fin de mantener los niveles de confianza de sus inversiones y a salvo sus capitales.
El Presidente Vicente Fox intentó impulsar la reforma del ISSSTE, sin embargo, no logró generar los consensos suficientes con el priismo y, solo logró avanzar con las reformas a la Ley del Seguro Social, para acotar la bilateralidad del sindicato del IMSS, así como en la reforma a la Ley de los SAR’s en 2002, para abrir la puerta a la colocación de los fondos de los trabajadores aforados en valores extranjeros.
Pero decimos que a estos organismos internacionales les interesa avanzar con mayor rapidez y en mayor magnitud en el desmantelamiento del estado social mexicano; al respecto, el documento en cuestión señala que “Hay que destacar cinco políticas: Ante todo, es urgente que México reforme integralmente su sistema tributario. Los ingresos tributarios de México, sin incluir los que corresponden al petróleo, equivalen a menos del 10 por ciento del PIB, una proporción deficiente respecto a los estándares internacionales (comparable a la de Haití, menor a la de Ecuador y cerca de la mitad de la de Rusia). Se pueden aplicar muchos posibles paquetes de reforma tributaria y es probable que las diferentes disposiciones tributarias afecten a distintos grupos de interés. Sin embargo, cada paquete se debería evaluar según cinco méritos: efecto recaudatorio, eficiencia económica, equidad social, simplicidad administrativa y factibilidad política. Según esto, al parecer una opción atractiva es la combinación “ningún privilegio y mejor administración”.
En términos más específicos, si se eliminan todas las actuales exenciones (ya sea basadas en productos, tipo de ingreso, región o contribuyente) al IVA, al impuesto sobre la renta de las sociedades y al impuesto sobre la renta de las personas y se implementa un mejoramiento importante y gradual en la administración tributaria, el gobierno federal podría obtener recursos adicionales equivalentes entre el 5 y el 6 por ciento del PIB en cuatro años, con un efecto inmediato de cerca del 3 por ciento del PIB[6]. Esta alternativa de reforma supone aplicar la tasa de IVA más alta existente en este momento (15 por ciento) a todos los productos, incluidos alimentos y medicamentos (que en la actualidad tienen tasa cero) y realizar transferencias compensatorias para los segmentos más pobres de la población.
También supone eliminar las exenciones a las sociedades según ubicación geográfica[7], el sistema de “consolidación” de ingresos de las sociedades y las fuentes de ingreso personal libres de impuestos (como las ganancias de capital e intereses). Aunque los beneficiarios de estas exenciones podrían resistirse a su eliminación, el hecho de que el paquete no modifique la actual estructura de tasas progresivas y no establezca nuevos impuestos permitirá plantear políticamente que con esta eliminación todos los mexicanos contribuirán al esfuerzo fiscal y que ningún sector en particular gozará de “privilegios”.
Esta es la tendencia empleada con éxito en otros países de la OCDE en los últimos tiempos (por ejemplo, en Italia).”[8]
La idea es diseñar una política fiscal regresiva, gravar el consumo de la mayoría de la población. Esto explica porque los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en el senado de la República, evitaron incorporar el tema de la reforma fiscal en la recientemente aprobada Ley para la Reforma del Estado y dejar al Ejecutivo la libertad para plantear las políticas en la materia. De acuerdo con la orientación ideológica y considerando las primeras medidas tomadas por el gobierno de Calderón en relación con el incremento en los precios de las tortillas, y otros productos básicos, queda claro que la reforma fiscal en puerta no se buscará ampliar la base de contribuyentes, ni podría os esperar que el gobierno federal afecte a los grandes evasores; en este sentido no son tan ortodoxos para seguir las recomendaciones del Banco Mundial.
Para el gobierno actual, constituye una prioridad entonces, eliminar la tasa cero del IVA en alimentos y medicamentos, además de diseñar una política fiscal ad hoc con los intereses de las oligarquías nacionales y extranjera.
El sector financiero de México, esta dominado por la industria bancaria, beneficiada de manera descomunal con el FOBAPRO, el fraude más escandaloso de los últimos 25 años del siglo pasado, además, sostenido en una política de privilegio en el cobro de tasas impositivas por los diversos “servicios” que vende: créditos al pequeño ahorrador, tarjetas de crédito, campo inmobiliario, automotriz, del ramo de los seguros, etc.,
En los últimos años hemos visto la venta de los principales bancos a grandes intereses extranjeros: Banamex pasó a ser del grupo City Banck, Bancomer ahora es de Bilbao Vizcaya, etc.
La otra gran reforma que plantea el Banco Mundial es en el sector energético y petrolero. Al respecto en el documento señalado, plantea que:
“La naturaleza del financiamiento y las reformas regulatorias requeridas en el área de infraestructura varía según los sectores. El sector eléctrico necesita tarifas que permitan recuperar los costos (los clientes residenciales y los clientes agrícolas pagan cerca de la mitad y un tercio, respectivamente, del costo del servicio, un subsidio que equivale a poco menos del 1 por ciento del PIB); una nueva organización institucional que divida la CFE (Comisión Federal de Electricidad) en generación, transmisión y distribución y permita la competencia en ambos extremos, y un mecanismo más eficiente de determinación de tarifas y estándares mediante el fortalecimiento considerable de la Comisión Reguladora de Energía. Esto permitiría la participación del sector privado en duplicar prácticamente la capacidad eléctrica, algo que el país necesita en los próximos 10 años y que requiere, un gasto en inversión estimado de unos US$37 mil millones. Tarifas eléctricas que permitan recuperar costos y la consecuente eliminación del subsidio cruzado del sector petrolero, un nuevo régimen fiscal, y nuevos planes de concesión para la explotación y producción podrían proporcionar incentivos más propicios para que PEMEX, la compañía petrolera estatal, mejore su deficiente rendimiento. De igual importancia es que no hay razón válida para mantener el monopolio de PEMEX en las actividades secundarias (incluidas las refinerías).”[9]
Consumada la reforma al régimen de pensiones públicas- tal como lo viene recomendando el Banco Mundial- toca el turno a la política fiscal y enseguida, como se observa en la nota anterior, sigue el turno de la CFE y PEMEX.
Generalmente cuando el gobierno o los organismos internacionales que controlan a nuestro países quieren generar una opinión favorable a sus planes de privatización en ciertos sectores, comienzan diciendo que las empresas públicas en cuestión funcionan mal, como vienen diciendo de PEMEX, cuando se refieren a su “deficiente rendimiento”. Nada más falso, en realidad, PEMEX es la empresa mexicana más importante y la más rentable. No es gratuito que más del 60% de sus ingresos sean acaparados por la Secretaria de Hacienda y que se destinen al pago de la deuda externa. El régimen fiscal de la petrolera es precisamente lo que impide un mayor desarrollo de la empresa: aún así y pese a las prácticas de corrupción existentes en la administración de PEMEX, sigue siendo la empresa más rentable, columna vertebral de nuestra economía. Aunque ello no se traduzca en mejores precios del petróleo y las gasolinas para consumo interno.
Algo parecido ocurre con la Comisión Federal de Electricidad, empresa a la que también pretenden privatizar en el presente sexenio. Ciertamente que hay un subsidio que se otorga a los consumidores, sin embargo, es mucho mayor el beneficio que reciben los grandes consumidores, beneficiarios directos de las políticas en la materia, incluyendo el cuestionado “horario de verano”.
“Desde 1992, con las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía, el Gobierno Federal, -encabezado por Salinas de Gortari-, abrió las puertas a la inversión privada en la generación de energía eléctrica. “El esquema introducido por las reformas de 1992 y previsto en el anexo 602.3 del TLCAN, es el de Productor Independiente de Energía, en éste un particular es propietario y opera la central de generación, con la condición de vender su generación a la CFE, para lo anterior requiere de permiso de la Comisión Reguladora de Energía.”[10]
El gobierno federal utiliza apoyándose en una legalidad tramposa evade la aprobación del Poder Legislativo en cuanto a la inversión privada en algunos campos del sector energético y petrolero. Nos referimos a los Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto Público, (PIDIREGAS) y los Contratos de Servicios Múltiples, (CSM).[11]
Así mismo, determina la conformación de las autoridades reguladoras de las empresas estratégicas como es el caso de la CFE, ININ, PEMEX, etc. De este modo, se asegura un margen amplio de decisiones sin la intervención del Poder Legislativo.
“El esquema de productor independiente es el más lesivo para las finanzas del sector eléctrico, ya que al permisionario se le resarce de su inversión pero las instalaciones siempre son de su propiedad, la energía eléctrica que se les compra está indexada al precio del combustible, de manera que dicho permisionario tiene un negocio rentable asegurado.” [12]
Pero las “recomendaciones” del Banco Mundial no quedan ahí. Incluye otras áreas igualmente estratégicas como es el agua. “Se requiere una revisión general en el sector del agua, en gran parte porque, como se explicará más adelante, México está al borde de una crisis hidráulica. Esa revisión significará la colaboración de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para comenzar a fijar tarifas que reflejen escasez, imponer el pago de esas tarifas, y encontrar un nuevo equilibrio institucional en el marco de la descentralización, entre la CNA (Comisión Nacional del Agua) federal en un extremo del espectro y los operadores y usuarios locales de agua, en el otro. “
En el IV Foro mundial sobre el agua, realizado en México, quedó evidenciado el interés de grandes empresas transnacionales por el control de este vital líquido. “Se dice –cada vez con mayor frecuencia– que así como hubo y hay guerras por el petróleo, la guerra del futuro será por el agua. En realidad, ésta guerra ya comenzó y, como todas las guerras que emprenden los señores del dinero, su objetivo es el despojo y el saqueo. De eso se trata, precisamente, la actual ofensiva privatizadora; se busca quitar a los pueblos, comunidades y a países enteros, a toda la humanidad, el acceso al agua como derecho universal básico. Las empresas transnacionales y sus representantes en los gobiernos, quieren apropiarse de manantiales, ríos y lagos para convertir el agua dulce en una mercancía. Su interés lucrativo no pretende llevar el agua a quienes y donde se necesita; al contrario, amenaza con privar del líquido vital a amplias regiones del mundo y sus poblaciones.
Pero el agua no está sola. Comunidades”[13]
“Legisladores de México, Uruguay, Bolivia y Venezuela, integrantes del Parlatino, enviaron al IV Foro Mundial del Agua un paquete de propuestas que no fueron incorporadas en los resolutivos de esa reunión realizada en México, presuntamente por ¿falta de tiempo?.
En el documento plantean, entre otras cosas, que el próximo Foro Mundial lo impulse de manera institucional la Organización de las Naciones Unidas y no empresas internacionales ligadas a la venta de agua embotellada.”[14]
“México es el segundo país consumidor de agua embotellada a nivel mundial, después de Italia (157 litros anuales) y el primer lugar en América Latina. Aquí, existen tres mil marcas de agua embotellada y solo cuatro empresas dominan el mercado, Coca Cola (Ciel), Nestle (Santa María), Danone (Bonafont), Pepsi-co (Electropura, Garci-Crespo). Son estas empresas, algunas de ellas patrocinadoras del IV Foro Mundial del Agua, quienes nos quieren enseñar una cultura del agua, ¿Quiénes deben tener una cultura del agua?; ellos los que manejan las empresas, los que nos quieren quitar y arrebatar la vida.”[15]
Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, en el marco del IV Foro Mundial sobre el Agua, no dudó en señalar con énfasis que ciertamente el acceso al agua era un derecho humano, pero que ¡había que pagarlo!
Una de las razones para privatizar las pensiones de los trabajadores, según se menciona en la justificación de motivos de la iniciativa que finalmente dio lugar a la contra reforma a la Ley del ISSSTE, es la de invertir los fondos de los trabajadores en empresas estratégicas del Estado, construcción de vivienda y carreteras.
Resuelta que, por un lado el Banco Mundial plantea la necesidad de que el gobierno mexicano se deshaga de los pasivos contingentes que representan el FOVISSSTE y el INFONAVIT y, por otro lado, los actuales gobernantes, junto a sus legisladores, señalan la gran idea de invertir en vivienda. Pero también se refieren a la inversión en carreteras, para cumplir lo que señalan los representantes del Banco Mundial: “También será conveniente un nuevo plan institucional para los sistemas federales de carreteras y caminos, especialmente mediante la fusión de FARAC y CAPUFE, el establecimiento de un Fondo de Mantenimiento de Caminos que funcione, y un regulador independiente del sector de transportes. Estos planes permitirían la captación de financiamiento a mayor plazo, una participación privada más importante en la prestación de los servicios (como completar la privatización de ferrocarriles y aeropuertos) y concesiones de redes.”[16]
Finalmente, el éxodo masivo de campesinos mexicanos al extranjero, huyendo de la miseria que les provoca el profundo abandono en que han sumido las últimas administraciones federales al campo, particularmente desde 1988 desde la Presidencia de Salinas de Gortari y agravada durante los demás gobiernos. Durante el foxismo, más de 500 mil campesinos emigraron a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, sin embargo, antes que replantear las políticas para el campo, se está optando por profundizar las medidas acordadas con los países del TLCAN, bajo los criterios dictados desde el exterior: “…la competitividad de México podría verse incrementada por esfuerzos de política para eliminar las distorsiones restantes que afectan su economía rural, realizando las inversiones necesarias para fomentar la productividad dentro de un marco normativo adecuado. Este es el sector donde posiblemente se han efectuado las reformas estructurales más drásticas durante la última década (liberalización del comercio impulsada por el GATT y el NAFTA, eliminación de intervenciones de precios, reforma constitucional de la tenencia de la tierra), pero donde los resultados han sido más decepcionantes (estancamiento del crecimiento en la agricultura, falta de competitividad, aumento de la pobreza rural), a pesar del importante apoyo público (PROCAMPO, PROCEDE, Alianza para el Campo, CONASUPO, ASERCA, etc.). Un crudo pero revelador ejemplo de la deficiente productividad del sector es que hoy la economía rural genera apenas el 5 por ciento del PIB de México, pero emplea un 20 por ciento de su fuerza laboral. Las reformas bien intencionadas parecen haber generados muy pocos o ningún ajuste estructural, una posición incómoda para un sector que, bajo el acuerdo NAFTA, en el 2008 quedará expuesto a la competencia abierta con Canadá y Estados Unidos. ¿Qué ha salido mal y qué se puede hacer para corregirlo?”[17]
¿Qué puede argumentar el gobierno mexicano frente a esta valoración de su principal acreedor? Sin embargo, ni eso frena la agresiva voracidad de los intereses que dirigen a este organismo internacional. Pero más allá de esa aparente crítica a las políticas en el campo, en realidad el organismo más importante en la economía internacional manifiesta con gran contundencia los intereses que representa: “Como aspecto más importante, las autoridades responsables deberían mantener el curso de la estabilidad macroeconómica y completar la liberalización del sector de los cereales (permitiendo que el subsidio de apoyo a la comercialización pase a ser un apoyo a los ingresos para fomentar un cambio hacia cultivos de mayor valor). En segundo lugar, deberían centrarse en la reducción de los costos de transacción mediante la inversión en infraestructura rural básica, la promoción de organizaciones y microempresas agrícolas, intercambios regionales, y flujos de información sobre precios y mercados. En tercer lugar, deberían abordar el deficiente desempeño del sector financiero rural y de los servicios públicos en general, establecer un marco legal y regulatorio, el que no existe en la actualidad, para la operación (y supervisión) de las instituciones financieras no bancarias y promover el desarrollo de los intermediarios financieros rurales (como asociaciones de ahorro y préstamo, bancos comerciales, instituciones especializadas, ONG, estructuras cooperativas, etc.). En cuarto lugar, deberían establecer un sistema regulatorio de calificación e inspección adecuado para el desarrollo del mercado de almacenaje (luego del reciente retiro de CONASUPO)[18], y normas y estándares de seguridad y calidad para los alimentos. Y en quinto lugar, deberían aumentar la eficiencia del apoyo público mediante la separación de los beneficios de PROCAMPO de la siembra, una mayor eficacia de los programas de Alianza para el Campo como un instrumento para promover la diversificación y asistencia técnica, y el apoyo de estrategias de riego más integrales y productivas, entre otros.
“completar la liberalización del sector de los cereales”; es decir, dejar la producción y comercialización del maíz, trigo y arroz, -principales cereales en la dieta alimenticia de los mexicanos- por ejemplo, a merced de las grandes corporaciones internacionales.
En febrero de 2006, el periódico Diagonal de España, señalaba en un artículo sobre la agricultura en América Latina:
“La agricultura es una fuente crucial de subsistencia para millones de personas en América Latina. Alrededor de 123 millones de personas viven en las áreas rurales (25% del total de la población) y dependen directa o indirectamente de la agricultura. De estos, 77 millones (63,7%) viven en la pobreza y 47 millones de ellos en extrema pobreza. Por tanto, el campo asegura el acceso a alimentos para sus ciudadanos más pobres y es una fuente de recursos económicos para sus grandes poblaciones rurales. Y en este contexto se presenta el Tratado de Libre Comercio (TLC) que EE UU pretende firmar con sus vecinos del sur. El impacto de este tratado en Latinoamérica se puede vislumbrar echando una ojeada a lo que ha sucedido en México diez años después de que éste país firmara un tratado de las mismas características con EE UU y Canadá. Los niveles de abandono del campo en México son verdaderamente dramáticos. Los campesinos y campesinas expulsados se han convertido en mano de obra barata que ha ido a parar, entre otros, a los talleres de ensamblaje o maquilas mexicanas (en condiciones de trabajo aberrantes) o a las grandes explotaciones agro-industriales de EE UU. Medio millón de pequeños agricultores del país han perdido sus tierras porque la práctica del dumping de las grandes empresas norteamericanas ha bajado los precios del maíz y otros granos a unos niveles que han obligado a muchos agricultores a abandonar sus cultivos por no poder vender su producción. ¿Puede repetirse la historia en el resto de países firmantes del tratado? Todo parece indicar que las consecuencias serán más duras, ya que la economía mexicana tiene más fortaleza que la del resto de países sudamericanos. La puesta en marcha se llevará a cabo con mecanismos que afectarán especialmente al mundo rural, sobre los que se sobrepondrá un conjunto de medidas más generales del acuerdo. Tales mecanismos son:
1) FIN DEL APOYO ECONÓMICO. El TLC deja a los agricultores sin ningún tipo de apoyo económico de origen público. Deberán desaparecer medidas como subsidios a los pequeños productores, créditos blandos, créditos o programas de apoyo específico a los pequeños agricultores, programas de fomento al consumo interno de productos nacionales, etc... Las autoridades nacionales pierden la capacidad de definir políticas de desarrollo rural.
2) FIN DE OTROS APOYOS. Pasarían a la historia acciones como permitir o apoyar el establecimiento de mercados campesinos o apoyar las decisiones de comunidades rurales en torno a la conservación de cuencas o áreas forestales. Se imposibilitan así las opciones que pudieran tener las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de establecer procesos de control local o relaciones más democráticas con gobiernos locales, y obligaría a las autoridades a todo nivel a reprimir iniciativas locales interpretadas como barrera a la expansión empresarial.
3) PUERTAS ABIERTAS A LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS. El TLC establece una reducción inmediata y progresiva de aranceles a los productos importados, hasta llegar a su total eliminación. ¿Qué puede pasar? Un primer escenario cierto es que veremos a América Latina invadida de maíz, trigo, soja, carne y productos lecheros provenientes de Canadá, Estados Unidos y de los grandes productores argentinos. Omar Velasco, secretario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Bolivia) sentencia que “va a entrar más trigo y cereales de EE UU que va a aniquilar las ya precarias producciones nacionales”. Inicialmente podrán entrar a bajo precio, gracias a los grandes subsidios que seguirán recibiendo durante los primeros años los productores de Canadá y Estados Unidos, y a las condiciones aún favorables que poseen estas producciones en Argentina.
El maíz importado probablemente reemplazará al maíz producido por los campesinos locales, especialmente en el consumo de las ciudades. Es posible que se intente imponer el consumo humano masivo de la soja en detrimento del consumo de cultivos como el fríjol, la papa y la yuca, pero también de los cultivos equivocadamente llamados “menores”, como la quinua, los tubérculos andinos y muchos otros. La merma en el consumo significará para los campesinos una dificultad creciente para colocar sus productos y la muy probable pérdida de cientos de variedades locales que no se cultivarán por dejar de ser rentables. Sería posible pensar, como solución a esto, en un proceso de cambio rápido en los sistemas de producción campesinos, a fin de que incluyan en mayor grado otros cultivos alternativos. Pero olvidamos otro de los puntos importantes de los TLC. Los campesinos seguirían sujetos a quienes controlan la comercialización y a una agresión adicional: la imposición de sistemas de propiedad intelectual de muy amplia cobertura. “Lo que se traduce en que gente de fuera patente el maíz de acá, que está aquí y que forma parte de nuestra cultura desde hace miles de años”, añade Jaime de Olarte. Con ello, toda semilla de un nuevo cultivo deberá comprarse, cultivarse y utilizarse de acuerdo a las condiciones impuestas por las empresas semilleras. Tales empresas podrán obligar a los agricultores y campesinos a comprar la semilla todos los años, y luego a sembrarla, cultivarla y venderla de determinada manera, incluyendo la obligación de comprar determinados insumos. Quien no se someta a estas condiciones no podrá comercializar su producción, y corre el riesgo que toda su cosecha sea embargada o destruida. “Aquí en Cochabamba la agricultura está decaída por la esterilidad que han provocado las semillas externas. Otra mucha gente está vendiendo sus tierras para emigrar fuera del país”, recuerda Omar Velasco. Quien sí se someta a las condiciones impuestas por las grandes corporaciones deberá sufrir el aumento significativo de sus costos de producción. Es posible prever que grandes sectores campesinos no podrán continuar produciendo, mientras otros se endeudarán con entidades privadas, ya que el crédito público desaparecerá totalmente.
Más tarde o más temprano, todo parece desembocar en la imposibilidad de seguir produciendo para el mercado. Se conforma así un cuadro en que las grandes empresas podrán controlar desde la semilla hasta el consumo, pasando por cada uno de los aspectos de producción, comercialización y procesamiento. Esto será la ruina para gran cantidad de campesinos que, al no ser rentables sus cultivos, abandonarán sus tierras. Comenzará un proceso de control empresarial de grandes territorios. Para Moisés Torres, presidente del Movimiento Sin Tierra (MST) de Bolivia, “aquellos que tengan dinero suficiente, tanto nacionales como extranjeros, podrán comprar las tierras a comunidades enteras, lo que puede suponer la desaparición de los campesinos originarios de este país con sus más de treinta nacionalidades diferentes” que podrán permanecer sólo como mano de obra barata y desprotegida. La biodiversidad de las áreas silvestres quedará controlada por las grandes empresas. El conocimiento campesino e indígena pasará a ser propiedad empresarial y los pueblos que lo crearon deberán abstenerse de compartirlo o utilizarlo. Para Jaime de Olarte, de CINDEC, “con el TLC se produce una ley del embudo, la parte ancha para el Imperio y la estrecha para mil millones de personas que estamos sometidas”.
La intervención y el interés de organismos internacionales por la reforma de la seguridad social en México a sido constante. En el caso del IMSS no se detuvieron hasta lograr destruir el régimen público de las pensiones contenido en la ley correspondiente; siguieron avanzando hasta modificar completamente incluso propia intervención del sindicato del seguro social, hasta casi terminar con el principio de bilateralidad, como quedó demostrado con las reformas a varias de las cláusulas de su contrato colectivo de trabajo.
Aquí una muestra más de los planes de las oligarquías extranjeras, con el consentimiento de los gobiernos mexicanos, por privatizar todos los aspectos que aún conservan un carácter social:
“Los planes para la reforma del ISSSTE estructuran una experiencia adquirida por el BID y el Banco Mundial en la reforma de pensiones en México. A finales de los 90´s, el BID financió el proyecto, "Programa de Desarrollo de los Ahorros Contractuales" en México (ME-0197; 300 millones dólares), junto con el Banco Mundial, para una reforma estructural en el IMSS. El programa del Banco Mundial era de 1.5 mil millones de dólares del cual 700 millones de dólares fueron destinados a salud. El proyecto fue exitoso al tomar esos pasos iniciales necesarios para establecer un sistema viable en pensiones que incluye, entre otros, un sistema de administración de la cuenta individual de retiro (AFORES) dentro del sistema de actividades bancarias, junto con un cambio fundamental en la estructura de pensiones, al pasar de una de beneficios definidos a una de contribuciones definidas, para los que ingresen al nuevo sistema.
Para este proyecto con el ISSSTE, el BID también trae la experiencia que ha acumulada en los programas de reforma al sistema de pensiones que incluye Nicaragua, y en programas de la reforma a salud a través de América Central y Sudamérica, que abarca Honduras, Panamá, y Brasil.
La experiencia adicional en México contribuye a la participación del Banco en este programa. Préstamos previos sujetos a ajustes de política en México se han desarrollado para el sector financiero; el más reciente fue el "Programa para Apoyar la Reestructuración del Sistema Bancario” (ME-0227)", y en la reforma financiera e institucional para los estados y los municipios el "Programa de fortalecimiento a estados y municipios” (ME-0208)", que es un híbrido en fondos de rápido ejercicio y de inversión. El BID ha estado trabajando con el ISSSTE el inicio de su reforma a salud en discusiones para ayudar a precisar los esquemas generales del programa. El BID ha aportado, además de su experiencia técnica en salud, (un área en la cual sus esfuerzos con el ISSSTE se han enfocado hasta la fecha), su conocimiento como facilitador en diálogos técnicos y políticos en México.
La operación propuesta por el Banco dibujará a detalle las lecciones aprendidas de la experiencia de reforma del IMSS. La reforma reciente al IMSS puede ofrecer un modelo en términos de mejorar el uso de las cuentas individuales de jubilación a través del sistema bancario. El nuevo modelo incluirá dos "pilares”2. Los empleados más viejos continuarán bajo el plan de beneficio definido mejorado, en el cual las contribuciones garantizarán los desembolsos estimados, y los nuevos empleados harán frente a un plan que trabaje dentro de un sistema de capitalización con una pensión mínima garantizada. Para aquellas personas que se mueven del sector gubernamental al autoempleo o al sector privado, los beneficios serán estructurados de modo que los fondos de retiro vayan con ellos ("Portabilidad"). Sin embargo, sigue habiendo preguntas en cuanto a cuál es el mejor mecanismo para aumentar las contribuciones principales. Es inverosímil pensar que el gobierno pueda cambiar los déficit financieros de pensiones por deuda pública. Tampoco que puede recaer principalmente en la entrada de nuevos trabajadores en el sistema para apoyar los beneficios de los trabajadores actuales, debido a la presencia de una población estática. En salud, dependerá del ahorro en los costos al cambiar el mantenimiento de los hospitales y atención pagada por la separación entre la provisión y el financiamiento a los servicios. Los planes generales para la reforma del ISSSTE han estado bajo consideración por varios años. La nueva administración aprecia la severidad de la situación y considera la necesidad de realizar cambios necesarios que de otra manera podrían derivar en un escenario de quiebra financiera.”[19]
A manera de conclusión
Para los organismos internacionales, encargados de operar y regular la aplicación del modelo neoliberal y sus políticas, este es un momento decisivo para concluir el desmantelamiento del maltrecho Estado-nación en México. Es el momento de liquidar todas las estructuras públicas que aún conserven contenidos sociales; es el momento de subordinar definitiva y totalmente al pueblo mexicano a la lógica descarnada de las leyes del mercado; es la hora de mercantilizar absolutamente todo lo público: la salud, la seguridad social, la energía, el petróleo, la educación, el agua, las carreteras, el campo, etc. Pero para el pueblo mexicano, también es el momento de reforzar su capacidad de organización, de avanzar en la construcción de la unidad de las clases trabajadoras del campo y la ciudad; de avanzar en la unidad de toda la izquierda; haciendo a un lado diferencias de forma y buscando las coincidencias fundamentales. Es el momento de construir e impulsar una línea política de periodo que coloque en el centro los siguientes objetivos y metas:
Objetivos de la Línea de periodo:
- Remontar el desaceleramiento del movimiento popular.
- Modificar la correlación de fuerzas a favor del movimiento popular.
- Recuperar el despliegue de la iniciativa histórica por parte de la vanguardia social (la parte más avanzada del movimiento popular).
- Redimensionar al movimiento popular de avanzada hasta reconstruir su capacidad y posibilidad de acción ofensiva frente al Gobierno golpista, encarecedor y entreguista de continuación neoliberal.
- Colocar de nuevo al movimiento popular democrático y patriótico en capacidad de pelear la Presidencia y el Gobierno de la República con condiciones reales de ganar.
- Recuperar las condiciones políticas que hasta el uno de diciembre de 2006 situaron a la Dirección político-estatal neoliberal a punto de colapso.
Metas de la Línea de periodo:
- Organizar y reorganizar a los destacamentos principales del movimiento popular de avanzada.
- Concertar y llevar a cabo jornadas políticas de denuncia de todas las medidas antipopulares, golpistas y entreguistas del Gobierno de Felipe Calderón.
- Pactar y realizar jornadas políticas de resistencia y lucha al nivel más radical que disponga y permita el movimiento popular, en los terrenos reivindicativo-sectorial, político-electoral y de acción política general de la vanguardia social, con rumbo hacia la recuperación ampliada de la voluntad de lucha directa y combativa por parte de grandes masas populares.
- Fomentar el odio hacia el Gobierno de Felipe Calderón, la ira popular y el encabronamiento social hasta forjar un estado de rebeldía general en la población del país, a fin de organizar una Consulta Ciudadana Nacional en la que los alrededor de 15 millones de mexicanos se pronuncien a favor de la inhabilitación y la remoción de Felipe Calderón y, sobre la base de dicha consulta, crear las condiciones para un levantamiento general ciudadano por la caída de Calderón y por la formación de un Gobierno de Transición.
- Capacitar a los líderes populares que están hoy al frente de la resistencia y la recuperación ampliada del movimiento popular.
- Crear las estructuras que permitan una efectiva comunicación e información en el movimiento popular de avanzada.
- Construir la Dirección Política proletaria-popular del movimiento.
Junio 2007
[1] Artículo 177 de
[2] Informe presentado ante
[3] Una Agenda Integral de Desarrollo para la Nueva Era. Marcelo Giugale, Banco Mundial, 2000. Síntesis en español.
[4] Ibidem
[5] Si el PIB se mantuviera constante los próximos veinte años en 8 mil 500 billones de pesos, el costo de la reforma sería de 1.7 billones de pesos, considerando lo que señala el Banco Mundial de que podría tener un costo de 1 punto porcentual del PIB las próximas dos décadas.
[6] Cabe señalar que estas estimaciones necesariamente son tentativas (debido a que no hay una disponibilidad inmediata de datos adecuados y desagregados sobre la recaudación de impuestos en México) y se basan sólo en un análisis de equilibrio parcial.
[7] Se podrían conservar, como medida transitoria, las exenciones sobre granos, cereales, vegetales y legumbres.
[8] ibidem
[9] ibidem
[10] Los trabajadores de la Energía por un Rumbo Nuevo de Nación. Memorias del Foro, febrero 2005. pp. 131
[11] El Presidente Fox, a finales de su sexenio, mediante la fórmula de los CSM contrató facilitó a varias empresas norteamericanas la construcción de un importante complejo para el almacenamiento y procesamiento de gas en la costa noroeste de Baja California, frente a Rosarito, sin considerar la opinión del Senado de la República.
[12] ibidem pp. 134
[13] Revista electrónica “Alternativas” de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, 2006.
[14] El Universal 22 de marzo 2006
[15] Foro Internacional en Defensa del Agua, marzo 2006. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
[16] México: Una Agenda Integral de Desarrollo para la Nueva Era. Marcelo Giugale, 2000.
[17] Ibidem. El subrayado es nuestro.
[18] La Conasupo fue liquidada a fines del sexenio de Ernesto Zedillo, en 1998, para dejar al campo de lleno en manos de la oferta y la demanda y a merced de los acaparadores de los productos agrícolas.
[19] México y el BID, 2002. Traducción al español de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.
